Subregistros de entidades que analizan el comportamiento automotor, revelan que el municipio de Pasto registra más de 180.000 motocicletas en circulación y unas 800 matrículas nuevas cada mes. Este aumento continuo del parque automotor genera mayores retos de movilidad y controles viales en la capital de Nariño.

Según estudios de campo, en Pasto alrededor de 15 personas por día adquieren motocicletas a raíz de las facilidades de crédito. Ante esa situación se ha incrementado la circulación de motos, pero a la vez han aumentado las infracciones por el incumplimiento de la normatividad y desde luego los siniestros viales.

En el caso de la capital de Nariño, el estudio revela que el 90% de los conductores de motos no utilizan cascos certificados, el 50% no enciende la luz durante la circulación, otro 75% no utiliza chaleco con anti-reflectivo después de las 6 de la tarde. A esto se suma, un 30% de infractores en estado de embriaguez, más el 35% de falta de documentación.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas como adelantar por la derecha o invadir carriles y andenes, no respetar señales de tránsito (como semáforos en rojo o pares) y conducir bajo los efectos del alcohol son prácticas de la mayoría de motociclistas que circulan por la malla vial del municipio de Pasto. 

Los conductores de motos cometen infracciones a menudo porque el tamaño y la velocidad del vehículo facilitan maniobras riesgosas como el zigzag o subir a los andenes para evitar los trancones. También influyen la congestión vehicular, la facilidad para comprar una moto sin recibir educación vial adecuada y la urgencia de ahorrar tiempo en los desplazamientos diarios.

A esas infracciones se suma también el denominado ‘mototaxismo’ o ‘mototrabajadores’. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Transporte no homologa a las motocicletas para llevar pasajeros de forma comercial por razones de seguridad vial y falta de garantías. A pesar de esto, la actividad persiste en la ciudad de Pasto y en otros municipios del departamento de Nariño, en donde las autoridades gubernamentales locales y regionales, no hacen nada al respecto.