Logo de Asocomunal/ foto: archivo particular.

La Administración Municipal abrió un procedimiento sancionatorio tras identificar presuntas irregularidades en la gestión de la organización comunal durante el periodo 2022-2026.

Investigación

La Alcaldía de Sogamoso abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra cuatro exdignatarios de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso (Asocomunal), tras concluir la etapa preliminar de un proceso de inspección, vigilancia y control que detectó presuntas irregularidades en el manejo de la organización durante el periodo 2022-2026.

La actuación, contenida en un auto del 16 de julio de 2026 y suscrito por el director de Gestión Corporativa, Daniel Fernando Sanabria Rojas, involucra a Olga Lucía Soto González, quien se desempeñó como presidenta y representante legal; Edith Omaira Pulido Morales, tesorera; Luis Antonio Rincón González, fiscal, y Jairo Parra Cárdenas, secretario.

El proceso se originó a partir de quejas e informes presentados el 1 de abril de 2025, que motivaron la apertura de diligencias para verificar la gestión administrativa, financiera y contable de Asocomunal. Durante la investigación se realizaron visitas, revisión documental y auditorías, cuyos resultados fueron comunicados a la organización para garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

De acuerdo con la Alcaldía, el informe definitivo consolidó 35 hallazgos, de los cuales 12 corresponden a la auditoría financiera y 23 a la auditoría de desempeño. Además, dentro del expediente fueron incorporados 41 medios probatorios. La administración señaló que las explicaciones y soportes entregados por la organización no lograron desvirtuar las observaciones formuladas durante las actuaciones de inspección y control.

Como resultado, la exrepresentante legal enfrenta 19 cargos; la extesorera, 11; el exfiscal, cinco, y el exsecretario, cuatro, relacionados con presuntos incumplimientos al régimen comunal y a los estatutos de la organización. No obstante, el acto administrativo aclara que la formulación de cargos no constituye una declaración de responsabilidad y que la individualización de los investigados obedece exclusivamente a las funciones que desempeñaban durante el periodo analizado. La eventual responsabilidad administrativa será definida una vez concluya el procedimiento, respetando el debido proceso. Los investigados disponen de 15 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para presentar por escrito sus descargos, solicitar o aportar pruebas y ejercer plenamente su derecho de defensa. Contra esta decisión no procede recurso alguno.