En el marco de las operaciones estratégicas contra el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y bajo el liderazgo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), capturó a cinco personas, recuperó 640 galones de gasolina e incautó 1.135 láminas de recubrimiento en los departamentos de Meta y Cesar.

Estas acciones afectaron rentas criminales superiores a 260 millones de pesos, debilitando directamente las finanzas del ELN y de los Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO).

En la vereda Alto Manacacías, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta), las autoridades capturaron a cinco personas por el delito de receptación, inmovilizaron dos vehículos tipo NPR e incautaron 1.135 láminas de aluminio de recubrimiento, utilizadas para manipular ilegalmente infraestructura petrolera. Esta operación afectó rentas criminales por más de 50 millones de pesos y redujo la capacidad de control territorial de los grupos ilegales en la región.

Simultáneamente, en la vereda Los Entierros, municipio de Chimichagua (Cesar), la Policía recuperó 640 galones de gasolina que grupos ilegales habían apoderado ilícitamente. Este combustible tenía como destino fortalecer las economías ilegales del Frente de Guerra Nororiental del ELN y de estructuras del GDCO.

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, destacó que esta incautación afectó finanzas criminales superiores a los 210 millones de pesos, y golpeó directamente el suministro de combustible destinado a cultivos ilícitos en Norte de Santander y a la minería ilegal en el sur de Bolívar.

La Policía Nacional puso a disposición de las Fiscalías Especializadas de Apoyo (EDA) en Villavicencio y Valledupar a los capturados, junto con los elementos materiales probatorios.

Estos contundentes resultados demuestran la capacidad de despliegue operacional de la Policía Nacional para proteger el capital natural del país y la infraestructura energética estratégica, mitigando el accionar criminal que pone en riesgo el medio ambiente, la seguridad industrial y la sostenibilidad económica de la Nación.